Derechos LGBT
Nos hemos decido a publicar este post y el anterior, de Bruno Bimbi @bbimbi que creemos muy completo y objetivo con respecto a las elecciones que se vienen, de cara al balotaje. Quizás un poco tardíos, teniendo en cuenta que el cisma partidario y militante político entre la comunidad LGBTI últimamente es terrible (basta leer el timeline entre Bruno Bimbi y Rachid el domingo post debate). Pero que arroja luz y verdad sobre cada uno de los candidatos con respecto a este ambiente tan bastardeado y tan olvidado.
Por momentos creo que los apoyos partidarios de la forma que los activistas lo están haciendo, sin sustentos reales, mezclando cosas, se basan sólo en obtener un cargo en la función pública. De otra forma no se entienden. Ojalá luego de las elecciones se bajen los niveles de partidismos y peleas, y vuelva todo a cierta normalidad en el diálogo, respeto y consenso.
Diego de Alzaga
En nuestro último post, hablamos sobre lo que Mauricio Macri y Daniel Scioli dijeron, hicieron o dejaron de hacer durante el debate del matrimonio igualitario y sobre el papel que sus partidos y los que los acompañan tuvieron en el proceso que llevó a la aprobación de esa ley (si aún no lo leíste, te recomendamos que hagas click acá y después vuelvas, porque el post anterior te va a ayudar a entender mejor este). En esta segunda parte del informe especial para el ballottage presidencial, vamos a hablar sobre el presente: queremos contarte qué hicieron por la población LGBT el gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño, no como candidatos, sino como responsables de la administración de los dos distritos más importantes del país durante los últimos ocho años.
Entrevistamos a cuatro destacados dirigentes LGBT: dos de ellos están al frente de importantes y reconocidas organizaciones que defienden los derechos de las minorías sexuales y los otros dos son funcionarios electos por el voto popular. Todos ellos tienen militancias partidarias; dos van a votar a Scioli, uno va a votar a Macri y el cuarto no quiso revelarnos su voto. Preferimos hacer las entrevistas en off porque queríamos respuestas que no estuvieran condicionadas por la camiseta de cada uno. Queríamos que hablaran con absoluta libertad, sin estar pensando en lo que podrían decir sus compañeros de partido cuando leyeran la nota. Los resultados, como anticipamos en el último post, son sorprendentes: hay más coincidencias que diferencias y hay más cosas positivas que negativas para decir de ambos candidatos, aunque también hay críticas, un poco más a Macri que a Scioli, cuya candidatura cuenta con más respaldo de las organizaciones sociales — no tanto por él, reconocen sus dirigentes, sino por el kirchnerismo.
Entre otras medidas positivas comunes a los gobiernos de ambos, todos destacan el reconocimiento de la triple filiación en los registros civiles (es decir, de niños y niñas que tienen, por ejemplo, dos mamás y un papá, como puede ser el caso de una pareja de lesbianas que tuvo un hijo mediante la fertilización asistida con un donante conocido que asumió su función paterna: acá hay ejemplos de la provincia y la ciudad) y la reglamentación de la posibilidad del matrimonio de parejas del mismo sexo de otros países, que permitió que turistas extranjeros se casaran en la Argentina y, al regresar, pidieran el reconocimiento de sus matrimonios, como explicamos en este post. Hoy ello es posible en todo el país, pero los gobiernos de Santa Fe, la provincia y la ciudad de Buenos Aires fueron pioneros. Punto para ambos.
Entre los déficits de los dos gobiernos, lo más mencionado por los entrevistados fueron las políticas de seguridad. Tanto la policía bonaerense como la metropolitana son denunciadas por casos de abuso, discriminación y represión contra la población LGBT y faltan, en ambos casos, políticas de formación y control que cambien esa realidad. También hay un grave atraso (de acuerdo a uno de los entrevistados “es un desastre”) en la implementación de la educación sexual integral, tanto en la ciudad como en la provincia. En el caso de la ciudad, mencionan como puntos negativos las trabas que el gobierno porteño puso a la celebración de la marcha del orgullo de 2014 y la falta de políticas transversales de salud, empleo e inclusión social para la población LGBT.
Ahora hablemos de cada uno por separado.
LA PROVINCIA. Las tres cosas más importantes que todos —inclusive el dirigente de Cambiemos— le reconocen a Daniel Scioli son las leyes de cupo laboral trans y reproducción humana asistida y el fortalecimiento de uno de los pocos programas hospitalarios que realizan cirugías y tratamientos hormonales de reasignación sexual en el país, localizado en la ciudad de La Plata, que si bien ya existía desde antes de su gobierno (realizaba apenas las cirugías autorizadas por la justicia antes de la ley de identidad de género) fue ampliado y recibió apoyo de la provincia para adecuarse a la demanda, que creció gracias a dicha norma.
La ley de cupo laboral trans es importantísima. Propuesta por la diputada provincial kirchnerista Karina Nazábal y aprobada por la legislatura bonaerense en septiembre de este año, establece que “el sector público de la Provincia debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”. Como ya hemos dicho en otras oportunidades en este blog, uno de los mayores problemas que padece la población trans, como consecuencia de la discriminación y el prejuicio que sufren, en la mayoría de los casos, desde la infancia, es la falta de oportunidades de empleo. El problema comienza cuando muchas de ellas deben abandonar la escuela por el bullying y la discriminación o son echadas de sus casas por su propia familia; la calle y la prostitución se presentan como el único destino posible para muchas, sobre todo las mujeres, a tal punto que muchos creen que la asociación entre transexualidad o travestismo y prostitución es algo natural. Son pocas las que consiguen terminar el secundario y menos las que llegan a la universidad. Entre las que no recurren al trabajo sexual, la oferta de empleo se reduce la mayoría de las veces a trabajos precarios y de baja remuneración, en peluquerías o call centers de telemarketing.
Esa situación debe ser revertida con tiempo y políticas públicas: la ley de identidad de género fue un primer paso, otros deben venir de la mano de la educación —buscando la inclusión y permanencia en el sistema— y la concientización para acabar con la transfobia en la familia, la escuela, el barrio y también el trabajo, para que una persona trans pueda aspirar, como cualquier otra persona, a cualquier empleo o profesión. Mientras tanto —porque ese camino llevará años— las políticas de reparación (como el proyecto de subsidio de la diputada María Rachid que defendimos en este otro post) y las políticas afirmativas (como esta ley de cupo) son paliativos importantes para el presente. La ciudad de Buenos Aires no tiene nada parecido, aunque existen proyectos: además del antes mencionado de subsidio trans, hay un proyecto de cupo similar al bonaerense, pero más amplio, con políticas de empleo e incentivo, también de la diputada Rachid, y otro que propone beneficios impositivos a las empresas que contraten a personas trans, del diputado Maximiliano Ferraro, pero la Legislatura aún no los aprobó. Existen propuestas similares en otras provincias, como la que el FIT presentó en la legislatura cordobesa.
La ley de reproducción humana asistida es una de las banderas de campaña de Scioli, mencionada en el debate y en los avisos para la televisión. Y es, efectivamente, una muy buena ley, que les ha permitido a muchas familias acceder gratuitamente a los métodos de fertilización asistida que no habrían podido pagar y alcanzar el sueño de tener hijos biológicos. Originalmente aprobada en 2010, la norma fue modificada en 2014 por la ley provincial 14.611 a fin de ampliar su alcance e impedir cualquier tipo de discriminación en su aplicación, garantizando la cobertura integral y gratuita (diagnóstico, medicamentos, terapias de apoyo y procedimientos y técnicas de baja y alta complejidad), sin limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o estado civil, incluyendo a toda persona mayor de 18 años. Es decir, toda persona, sea cual sea su orientación sexual, sea casada o no, con o sin pareja conviviente, tiene derecho a acceder gratuitamente a los beneficios de la ley y recurrir a todos los métodos que existen, inclusive recurriendo a donantes de gametos.
Con relación a los procedimientos de reasignación sexual (vulgarmente llamados “de cambio de sexo”), la Provincia invirtió en la ampliación del servicio existente en la ciudad de La Plata para que pudiera atender a más personas, teniendo en cuenta la demanda creada por la ley de identidad de género y la falta de alternativas suficientes en el resto del país (hay dos servicios funcionando en la provincia de Santa Fe y existen iniciativas en otras provincias para desarrollarlos, pero el camino aún es lento). Y todos los entrevistados (macristas y kirchneristas) reconocen que esa es una asignatura pendiente del gobierno porteño, que no ha tenido voluntad política de invertir para contar con un programa de salud integral para personas trans — no por transfobia o prejuicio, reconocen los más críticos, sino porque cuesta dinero y responden, equivocadamente y contra lo que dice la ley, que “el Estado no se puede ocupar de eso”. “Es la concepción neoliberal de estado mínimo”, subraya uno de los entrevistados que vota a Scioli. Por falta de políticas públicas, lo poco que hay depende de la buena voluntad de los médicos de los hospitales.
LA CIUDAD. Además de no haber apelado el fallo que en 2009 autorizó el primer matrimonio entre personas del mismo sexo antes de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario (decisión sorprendente en la que Macri fue pionero, como recordamos en nuestro último post), el jefe de gobierno porteño también ordenó no apelar los fallos que autorizaban a personas trans a cambiar de nombre y de sexo en su documentación personal en las mismas condiciones que luego serían generalizadas en todo el país por la ley de identidad de género. En el primer caso, que tuvo como beneficiaria a la actriz Florencia de la V, el procurador Julio Conte Grand había decidido apelar la decisión de la jueza Elena Liberatori, pero Horacio Rodríguez Larreta lo obligó a retroceder — algo que, cuando sucedió, no fue público — y de ahí en más la Ciudad acató todas las sentencias que ayudaron a sentar las bases para la posterior aprobación de la ley. El gobierno porteño también autorizó, a través del Registro Civil, el registro de los hijos de parejas homosexuales no casadas en las mismas condiciones que las casadas, incluyendo los concebidos por subrogación de vientre, otro avance importante.
Desde el momento en que Macri apoyó públicamente el matrimonio igualitario, algo cambió en la política argentina en relación a lo que ocurre en otros países: la lucha contra homofobia ganó una amplitud ideológica que dejaba afuera apenas los extremos antidemocráticos. Cuando un joven agredió al militante del PRO Pedro Robledo por ser gay (lo contamos en este post), Macri tuvo un gesto inédito en la política argentina para un dirigente de la centroderecha: lo llamó, se sacó una foto con él e hizo una declaración de un peso simbólico fundamental: “Hoy recibí a Pedro. El sábado lo golpearon en una fiesta de manera salvaje por ser homosexual. Lo invité porque quería verlo en persona para decirle que estábamos con él, y repudiar de esta manera este y cualquier acto de discriminación. ¿Quiénes se creen que son estas personas para pegarle a Pedro? ¿Qué cosas creen que están defendiendo? ¿Qué clase de sociedad pretenden? Yo estoy del lado de Pedro y de cualquiera que sea discriminado”, dijo. Uno puede imaginarse al jefe de gobierno porteño cuando tenía la edad de los agresores: era, en muchos sentidos, uno de ellos — un adolescente de clase alta, hijo de un empresario, formado en una familia católica y conservadora de la zona más rica del Gran Buenos Aires, educada en un colegio tradicionalista de elite, jugador de rugby, machista, seguramente homofóbico, llevándose el mundo por delante. Que uno de ellos que llegó lejos en la vida y hoy es un referente político y social para esa clase de jóvenes dijera “Yo estoy del lado de Pedro” era un mensaje de un valor incalculable en la lucha cultural contra el prejuicio y la violencia homofóbica. Y fue, sin dudas, fruto del cambio político y cultural que generó el debate del matrimonio igualitario, al que el propio Macri contribuyó.
Tres leyes fundamentales fueron aprobadas en los últimos años por la Legislatura Porteña con el apoyo del PRO: la ley antidiscriminatoria, similar a la que aún espera aprobación del Congreso Nacional; la ley de donación de sangre, que eliminó las restricciones contra las personas homosexuales antes de que el Ministerio de Salud de la Nación resolviera ese problema en el resto del país, y la ley de políticas públicas para la población LGBT.
La ley antidiscriminatoria tuvo como base un proyecto de la diputada kirchnerista y activista lésbica María Rachid, principal impulsora, con la participación de los legisladores macristas Daniel Lipovetzky y Gabriela Seijo. Es una ley de avanzada y protege contra todas las formas de discriminación directa o indirecta, incluyendo la que tiene como pretexto la orientación sexual o la identidad de género y su expresión, estableciendo medidas de protección judiciales y administrativas, políticas de prevención, difusión y educación e inclusive la inversión de la carga de la prueba en materia civil. Esto último significa que, por ejemplo, si una persona denuncia que sufrió un acto discriminatorio y acredita el hecho que lesionó sus derechos y circunstancias que permitan inducir la motivación discriminatoria, corresponderá a la parte demandada probar que los motivos fueron otros. O se presumirá que hubo discriminación. La ley de donación de sangre, propuesta por el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, eliminó en la Ciudad de Buenos Aires las restricciones que excluían a las personas homosexuales de la posibilidad de ser donantes, como ya contamos en este otro post. Dichas restricciones fueron derogadas recientemente a nivel nacional por el Ministerio de Salud, pero al momento de la sanción de la ley porteña, aún regían en el resto del país y esa norma —que contó con el apoyo decisivo de María Eugenia Vidal— fue un paso importante para empujar el cambio nacional. Por último, la ley de políticas públicas para la población LGBT, también propuesta por Ferraro, da un marco normativo a las políticas del Gobierno de la Ciudad para la ciudadanía y la inclusión de las personas LGBT y establece metas y objetivos para las diferentes áreas de gobierno, y también contó con el apoyo del PRO. Falta, ahora, que las intenciones que declara se traduzcan en más políticas públicas concretas.
Estas y otras leyes aprobadas por la ciudad fueron impulsadas en su mayoría por legisladores de otros partidos (principalmente Rachid y Ferraro) pero contaron con el respaldo del macrismo y del gobierno porteño. Este dato fue mencionado por los kirchneristas consultados para esta nota como prueba de que al partido de Macri le falta más iniciativa propia en estos temas, a diferencia de lo que ocurre con el kirchnerismo. Y también fue mencionado por el entrevistado de Cambiemos como prueba de que el gobierno del PRO apoya sin problemas proyectos que no son suyos, respalda a organizaciones sociales que están más cerca de otros partidos y tiene amplitud para construir consensos con la oposición y con la sociedad civil en asuntos como este. Los activistas más críticos del gobierno porteño resaltan sin embargo la puja entre el sector liberal del PRO en el que militan Peña y otros cuadros jóvenes y el sector reaccionario liderado por Michetti, que pone trabas a determinadas políticas progresistas y tiene influencia en la Legislatura y en la Procuración, cuyos dictámenes muchas veces siguen la línea conservadora de “Gabriela”, y se preguntan cómo jugaría esa interna en un gobierno de Macri — a lo que los críticos de Scioli responden que también hay que preguntarse cómo jugarán figuras como Urtubey o Julián Domínguez en un gobierno suyo o cuánto pesará su relación con el Papa, cuando Cristina ya no tenga más la última palabra. Habrá que ver.
Hay áreas en las que pueden mencionarse luces y sombras en la gestión de la Ciudad. Por ejemplo, la relación del gobierno porteño con el bachillerato popular “Mocha Celis”, destinado a las personas trans que no pudieron terminar el secundario o que son discriminadas en otras escuelas, una iniciativa de la sociedad civil, pensada por un grupo de voluntarios con apoyo de distintas organizaciones sociales y dirigida por la docente y activista trans Vida Morant. El Gobierno de la Ciudad lo reconoció legalmente desde su apertura, dándole a sus títulos validez oficial y, después de dos años de funcionamiento del bachillerato, también aceptaron comenzar a pagar el sueldo de sus docentes, su directora y un preceptor, aunque sin reconocer el retroactivo por los períodos ya trabajados. El apoyo oficial de la Ciudad fue importante, pero Morant evalúa que es insuficiente. En comunicación con este blog, la directora explicó que el resto de los profesionales que trabajan en el proyecto lo hacen de forma voluntaria y que el local donde funciona es alquilado — y el alquiler lo pagan ellos mismos. Faltan una ley y políticas más decididas que apoyen proyectos como ese. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, colaboró con insumos e infraestructura, y organizaciones como la FALGBT también dan su apoyo de forma solidaria: “Al principio, no teníamos ni pizarrón y nos sentábamos en cajas de manzanas”, explica. Otro proyecto de inclusión social para personas trans en el que el gobierno porteño está trabajando junto con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (ATTTA) es la creación de la primera “Casa Trans”, donde funcionarán la sede de la entidad, un centro cultural y social y un refugio para personas trans en tránsito o sin techo. Aún falta conseguir un local para su instalación — hubo problemas con los vecinos prejuiciosos del primer lugar que habían conseguido, así que siguen buscando.
Entre lo positivo, a Macri también se le reconoce el innovador proyecto “Chau Tabú”, iniciativa del activista Pedro Robledo, construido con la participación de las organizaciones, sobre el que ya hablamos en este post, así como el apoyo económico que brinda a ONGs para el desarrollo de sus proyectos y campañas de defensa de los derechos de la población LGBT, sin exigir a cambio ningún tipo de fidelidad política o partidaria. La FALGBT, que esta semana lanzó un comunicado llamando a votar por Scioli (aprobado por amplia mayoría en su último encuentro nacional, pero con la oposición de importantes dirigentes y sectores de la entidad) también recibe apoyo financiero de la Ciudad y desarrolla varios proyectos en conjunto, sin condiciones. Algo inusual en la política argentina.
POLÍTICAS PÚBLICAS Y AUTONOMÍA SOCIAL. Valen aquí dos comentarios sobre esto último. El autor de este blog es activista de la Federación desde su fundación, aunque esté desde hace un tiempo alejado del día a día de la entidad, por vivir en el exterior. Con mucho orgullo digo (ahora en primera persona) que uno de los más importantes aciertos de la FALGBT fue su capacidad de reunir a organizaciones y activistas independientes de todo el país respetando su diversidad: militan en la entidad kirchneristas, radicales, macristas, trotskistas, socialistas, lilitos y muchas personas sin filiación partidaria. Esa pluralidad nos permitió siempre dialogar con todos los partidos y gobiernos, sin depender de ninguno, sin ponernos ninguna camiseta, y fue así que conseguimos la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y tantas otras conquistas, convenciendo y consensuando con todos. En otras oportunidades, cuando en una elección se enfrentaban figuras antagónicas en su relación con la población LGBT (por ejemplo, la gobernadora Fabiana Ríos, que autorizó el primer matrimonio entre dos hombres antes de la aprobación de la ley, y la diputada Rosana Bertone, que peleó con uñas y dientes contra el matrimonio igualitario), la Federación asumió un posicionamiento público antes de las elecciones. Pero fue por consenso. Esta vez, hubo una votación interna que dejó incómodos a muchos activistas a los que consulté, que no estaban de acuerdo con que la entidad apoyara a ninguno de los candidatos y sienten que esa decisión los deja descolocados en una organización que siempre fue plural, y eso, con todo respeto por esa decisión legítima de mis amigos y compañeros, me parece un error.
El segundo comentario tiene que ver con la relación que el gobierno kirchnerista establece con los movimientos sociales. Vivo en Brasil hace algunos años y aquí el PT hace algo parecido a lo que hicieron Néstor y Cristina: su vocación hegemónica lo lleva a exigir fidelidad y adhesión a sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. Todos tienen que ponerse la camiseta. La diferencia, en mi opinión, es que el PT hace eso apenas ofreciendo cargos y sueldos a dirigentes, mientras que el kirchnerismo lo ha hecho principalmente con políticas: apobando leyes que garantizaron derechos y asumiendo la agenda de los movimientos en su acción de gobierno (como hizo, también, con las políticas de derechos humanos que le valieron el apoyo político de la mayoría de los organismos históricos, como las Madres y las Abuelas). Eso está muy bien, mucho mejor que lo que hace el PT, que no avanzó en nada en materia de derechos humanos (y, a pesar de no haber hecho nada, tiene un montón de organizaciones LGBT callando y defendiéndolo de forma a veces vergonzosa), pero no justifica un hegemonismo que divide, disciplina y niega la autonomía de la sociedad civil. Los méritos del gobierno no justifican que se haga campaña sucia, tratando de asustar a la gente, como si Macri fuera a derogar las leyes si gana, o dando informaciones falsas sobre cuál fue su posición sobre el matrimonio (sobre lo que hablamos en el post anterior), como no justifica que ciertos grupos oficialistas insulten en la marcha del orgullo a un tipo como Osvaldo Bazán, que tanto hizo por nuestra lucha cuando muchos de ellos estaban mirando los dibujitos animados. Esa línea entre “nosotros y ellos” no debería existir entre nosotros. El movimiento LGBT debería ser autónomo y dialogar con todos.
Los avances de estos años han sido extraordinarios y, en materia de derechos de la población LGBT, el gobierno de Cristina ha sido un ejemplo para el mundo. Ojalá que el próximo presidente, sea Daniel Scioli o Mauricio Macri, siga y profundice ese mismo camino, transformándolo en política de Estado, con independencia del signo político del gobierno y sin creerse dueño de nada. Como dijimos en el último post, es probable que el nuevo presidente no llegue tan comprometido con esta agenda, pero quien gane el ballottage llegará a la Rosada en un país que ya no es el mismo, y tendrá que avanzar partiendo de lo ya conquistado. Quizás eso lo empuje a mostrar que también puede hacer más.
Que el próximo presidente, sea quien sea, sepa que lo que está bien no precisa cambiar.
Ahora lo importante es hacer lo que falta. Seguramente hablaremos de eso pronto, después de las elecciones.
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Mi cuenta en Twitter: @bbimbi / Facebook: Bruno Bimbi. Periodista.
La entrada Qué hicieron Scioli y Macri en sus gobiernos aparece primero en Nosotros Y los Baños.